El Aprendiz
“El hombre que oculta su pasado se niega a sí mismo.” - Fausto García.
LA FE PÚBLICA DE LOS ALGUACILES Y LAS NOTIFICACIONES EN EL AIRE. LA SCJ DEBE DEPURARLOS
El 14 de diciembre del 2025 fue publicado en varios medios periodísticos y redes sociales el artículo titulado “JUSTICIA DEL FUTURO 2034: LA PARADOJA DEL JUEZ AUSENTE Y EL EJE OLVIDADO (PARTE II)”, en el cual exponíamos con pruebas la existencia de una justicia interina y la necesidad de crear un cuarto eje en el plan estratégico del Poder Judicial. Durante la reciente celebración del Día del Poder Judicial (7 de enero), el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) confirmó esta preocupación al calificar el año 2025 como uno de “retroceso judicial”, denunciando deficiencias estructurales y la falta de condiciones para una justicia pronta y efectiva. Esta denuncia coincide con nuestra tesis sobre la justicia interina, un tema al que el Poder Judicial debe prestar atención si realmente busca una transformación objetiva.
En las últimas décadas han sonado casos famosos, y aún siguen sonando otros, de actuaciones de alguaciles inescrupulosos que dejan de cumplir con las funciones legales para las cuales fueron destinados, provocando daños morales y materiales al patrimonio de muchos ciudadanos y resquebrajando, por ende, la credibilidad de la justicia. Esta realidad se ve afectada por factores de toda índole en una sociedad caracterizada por la corrupción como norma de los sectores políticos que se trepan al árbol del Estado por distintos medios, y en el cual, sin ninguno de ellos llamarse Zaqueo, se suben ciudadanos de toda índole.
Esta degradación moral impacta directamente en la figura del alguacil, un oficial público que, según la Ley 821 sobre Organización Judicial, es el único facultado para realizar notificaciones de actos judiciales y extrajudiciales. El alguacil está investido de fe pública, lo que obliga a creer en la veracidad de sus actas hasta que se pruebe lo contrario mediante un complejo procedimiento de inscripción en falsedad. Sin embargo, esta "fe" se ha convertido en un cheque en blanco para el fraude, especialmente en procesos de adjudicaciones y divorcios.
Hemos analizado casos donde ciudadanos son divorciados "a sus espaldas". El alguacil, haciendo uso de la vieja y nefasta práctica de las "notificaciones en el aire", certifica haber cumplido con el traslado y la entrega de actos en domicilios donde nunca estuvo. Las consecuencias son devastadoras: sentencias dictadas sin el conocimiento de una de las partes, vulnerando el derecho fundamental de defensa y afectando el estado civil y el patrimonio de personas que solo se enteran del proceso cuando ya existe una sentencia irrevocable.
Ante esta situación, es urgente que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Consejo del Poder Judicial asuman su papel de vigilancia y control disciplinario, atribución reforzada desde la reforma constitucional de 2010. No basta con planes de digitalización si el brazo ejecutor de las notificaciones sigue viciado. Es imperativo realizar una depuración profunda de los alguaciles, sancionando ejemplarmente las falsedades y estableciendo mecanismos técnicos (como la geolocalización de las actas) que impidan que la fe pública siga siendo utilizada para fines delictivos.
La solución a este mal no requiere de nuevas leyes, sino de la voluntad de aplicar las existentes. El Reglamento Disciplinario aplicable a los Oficiales Públicos (Resolución núm. XXX-2021) es meridianamente claro: expedir citaciones que no correspondan a la verdad de los hechos certificados no es un simple error, es una falta de tercer grado cuya sanción es la desvinculación definitiva del sistema. La SCJ y el CPJ tienen en sus manos la herramienta para extirpar este cáncer; permitir que un alguacil siga ostentando fe pública tras haber falseado una notificación es premiar la impunidad. Es hora de que el régimen de consecuencias deje de ser una promesa en papel y se convierta en la realidad que limpie las ramas de ese 'árbol del Estado' donde hoy se ocultan quienes negocian con la justicia de los ciudadanos. faustogarcia2003@yahoo.com